martes, 21 de septiembre de 2010
PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDEREACIÓN UNIV. DE CUSCO
En tanto habilitamos el escaner, reproducimos uno de los pronunciamientos producidos en Cusco, en breve también imágenes por esta vía y por facebook. (los resaltados en amarillo son nuestros)
GLORIOSA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA CUSCO
PRONUNCIAMIENTO
¡ESPINAR Y CUSCO EN PIE DE LUCHA: AGUA O MUERTE.....!
¡VIVA EL PARO DEL PUEBLO ESPINERENSE.....!
La Federación Universitaria Cusco, Centros Federeados, Federación de Estudiantes Espinarenses del Cusco; frente al último atentado conta el pueblo de Espinar (PROYECTO MAJES SIHUAS II) y los recursos naturales de nuestra región (primero fue el gas ahora es el agua) que se viene perpetrando por el afán privatista del gobierno aprista criminal y vendepatria, que pretende regalar el agua (sin importarle estudios de impacto ambiental y de balance hidríco) y acallar toda protesta justa (militarizando la provincia de espinar con más de 1000 efectivos militares y policiales armados hasta los dientes) manifestamos lo siguiente:
PRIMERO.- Denunciamos la actitud del gobierno de turno (Alan García y sus ministros lacayos de las transnacionales) que viene imlementando la venta indisscriminada de nuestros recursos naturales destruyendo la cuenca del río Apurímac, privándonos de un recurso tan valioso como es el agua, destruyendo el medio ambiente y quitándonos el derecho a la vida (a toda la región del Cusco y en especial a la provincia de Espinar que actualmente viene sufriendo la necesidad de abastecimiento de agua con solo 2 horas de agua al día).
¿Para qué? Para favorecer los interese de las transnacionales y grupos de poder económico en Arequipa, ya que este proyecto tiene nombre y apellido a quien directamente favorecerá; ¿favorecerá al pueblo? Indudablemente no. ¡¡¡... los que luchamos por el pueblo y el medio ambiente, no podemos permitir otro atropello más... !!!
SEGUNDO.- Este gobierno cuyas manos están manchadas con la sangre del pueblo (Bagua, Quillabamaba y ahora Espinar) pretende llevar adelante al caballazo (propio dee un caballo loco) este proyecto de las transnacionales y grupos económicos poderosos:
a) No se realizó un verdadero estudio de impacto ambiental y balance hidríco en la cuenca del río Apurímac.
b) Se hizo caso omiso al fallo judicial dispuesto por el Primer Juzgado de la Sala Mixta de Wanchaq que suspendía la licitación del 15 de setiembre, pero PRO-INVERSION astutamente adelanto dicho acto para el 13 del prsente mes, pisoteando la propia estructura jurídica que este gobierno sostiene, es decir, no respeta ni al poder judicial, con tal de favorecer a las empresas poderosas.
TERCERO.- Intereses ajenos y enemigos del pueblo y del medio ambiente, mueven a este goierno aprista asesino y vendepatria, que al amparo de la constitución delincuencial de Fujimori y Montesinos, hoy saquea y desangra a nuestro pueblo (asesinando gente inocente y que defiende su vida)
FINALMENTE: Hacemos el más amplio llamado a nuesetros compañeros antonianos y a la sociedad en su conjunto a participar activamente en el paro regional de 48 horas, los días martes 21 y miércoles 22 de setiembre y a no bajar la guardia frente a esta actitud vendepatria del gobierno y mucho menos permitir que nuestros recursos signifique solo el enriquecimiento de unos cuantos corruptos a expensas del pueblo cusqueño y peruano.
lunes, 20 de septiembre de 2010
Art. de un ex PNP: A PROPÓSITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1095 / Gustavo Carrión Zavala
Espacio Compartido: A PROPÓSITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1095 / Gustavo Carrión Zavala
"Los especialistas explican los regímenes de excepción como una suerte de dictadura comisoria breve, con el fin de recuperar el orden alterado, y si es necesario para lograrlo, se autoriza la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno. Con el Decreto Legislativo 1095, lo que se está haciendo al autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en el tratamiento de temas vinculados a la finalidad policial en épocas de normalidad, es extender solapadamente los regímenes de excepción sin que medie la declaratoria legal."
viernes, 17 de septiembre de 2010
jueves, 16 de septiembre de 2010
¿Por qué marcharemos hoy?
El martes 14 el Pleno del Congreso derogó a través de la Ley N°29572 el cuestionado Decreto Legisltaivo 1097 que otorgaba impunidad a los autores de los crímenes cometidos antes del 2003, incluyendo a miembros de escuadrones de la muerte como "Rodrigo Franco" y "Colina".
Sin embargo, debemos recordar que el DL1097 no era una normativa aislada, sino que formaba parte de un paquete de decretos emitidos por el Ministerio de Defensa empleando la facultad que le otorgara el Congreso de la República para legislar en torno al Código de Justicia Militar y Policial, el uso de la fuerza del personal militar, y sobre militares o policías procesados o condenados por violaciones de derechos humanos.
Rafael Rey dio a luz el primero de setiembre a cuatrillizos:
- DL1094: Modifica el Código de Justicia Militar-Policial enviando a este fuero casi cualquier delito cometido por este personal, aún los que normalmente deberían ir al fuero civil.
- DL1096: Modifica la organización y funciones del fuero Militar-Policial en concordancia con los demás decretos.
- DL 1097: El de la impunidad que ya se logró fuera derogado.
- DL1095: Permite la intervención militar sin presencia de fiscalía o policía, empleando fuerza letal y admintiendo daños colaterales (muertos y heridos) contra cualquier grupo que sea declarado "hostil" (puedes ser una marcha o paro cualquiera) si esto da ventaja militar. Y por la combinación de estos decretos, no hay forma que luego se pueda enjuiciar a aquel militar que ordenó la muerte de civiles.
El Decreto Legislativo 1095 busca militarizar la represión a la protesta social, como si esta ya no estuviera lo suficientemente criminalizada ya mediante normativas anteriores. ¿Qué permite el DL1095?
- Los militares ahora pueden intervenir para controlar las protestas.
- Quienes protestan pueden ser calificados como "grupo hostil"
- Pueden ser admitidos "daños colaterales", incluso entre las personas que no protestan.
- El uso de la fuerza letal contra conflictos sociales es legítimo si permite una ventaja militar.
- Las violaciones de derechos humanos cometidas por militares ya no serán juzgadas por tribunales civiles, ahora se juzgarán a sí mismos.
NO PERMITAMOS LA MILITARIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO
TOD@S CONTRA LA IMPUNIDAD
TOD@S A LA MOVILIZACIÓN
JUEVES 16
3:00PM
PLAZA DOS DE MAYO
TOD@S CONTRA LA REPRESIÓN MILITAR
Editorial Noticias Ser
La derogatoria del Decreto Legislativo 1097 demuestra que es posible poner freno a los intentos de los grupos que buscan la impunidad en el país, por más poder que estos tengan. La respuesta de diversos sectores frente a este intento de vulnerar nuevamente los derechos de miles de víctimas fue contundente, obligando al gobierno a dar marcha atrás y retirar del gabinete al principal responsable político, el Ministro de Defensa Rafael Rey. Cabe resaltar la importancia que tuvo en este proceso la contundente carta de Mario Vargas Llosa, que no hizo otra cosa que hacer eco de los innumerables reclamos y expresiones de protestas de la sociedad civil nacional e internacional, de organismos supranacionales y de instituciones del propio Estado.
Sin embargo queda pendiente la revisión de los otros 3 decretos legislativos que formaron parte del paquete de facultades delegadas –particularmente el 1095– que abre la puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas cuando se declara el Estado de Emergencia sin necesidad de coordinar con la Policía Nacional. Al mismo tiempo se da la posibilidad de calificar como “grupo hostil” a quienes participan en las movilizaciones, e inclusive se considera la aplicación del derecho internacional humanitario para calificar las operaciones militares, como si en el país nos encontráramos en una situación de guerra.
En este contexto, las violaciones a los derechos humanos así como cualquier otra conducta en que pudieran incurrir los miembros de las Fuerzas Armadas durante el control del orden interno, serían juzgadas en el fuero militar, con lo que prácticamente se consagra la impunidad dados los antecedentes que tenemos en el país sobre la actuación de la justicia militar.
La emisión de una norma como el D. Leg. 1095, es claramente atentatoria del ordenamiento constitucional y causa una enorme preocupación por las consecuencias que traerá en el tratamiento de los conflictos sociales. En tal sentido, debemos llamar la atención sobre lo que podría ocurrir en la provincia de Espinar donde se viene realizando una paralización contra la licitación del proyecto Majes-Siguas II, ante la cual se ha declarado el Estado de Emergencia y existe la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas.
A ello se suma un motivo más de preocupación por la incorporación al nuevo gabinete de dos ex ministros que han tenido actuaciones bastante discutibles en el pasado reciente: el empresario Ismael Benavides, a quien se vincula a los estudios de abogados que elaboraron las normas que dieron origen al “Baguazo” y hace dos años tuvo declaraciones altisonantes contra quienes apoyan a las organizaciones indígenas como las ONG calificándolas como “los buitres del siglo XXI”; y por otro lado, la ministra Rosario Fernandez quien durante su anterior gestión en la cartera de Justicia, excluyó a las organizaciones de la sociedad civil del Consejo Nacional de Derechos Humanos.Quienes creemos que la derogatoria del D. Leg. 1097 ha sido un importante triunfo de los sectores democráticos, no podemos dejar de exigir que también se derogue el D. Leg 1095 y que el nuevo gabinete sepa mantener las formas democráticas que todo gobierno debe tener, especialmente en un contexto de fin de mandato.
Ver más en: http://www.noticiasser.pe/15/09/2010/editorial/editorial
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